Un conjunto de organizaciones con fuerte presencia evangélica presentó una iniciativa que cuestiona la inclusión de la diversidad sexual como derecho fundamental impulsada por el gobierno. El documento plantea una defensa del marco constitucional vigente en temas de vida, familia e identidad.

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil en Venezuela expresó su rechazo a la propuesta impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de incorporar la diversidad sexual como un derecho fundamental dentro del marco jurídico del país. La solicitud fue realizada ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia durante la presentación del balance de los primeros 100 días del Programa por la Convivencia Democrática y la Paz.

En ese contexto, Rodríguez planteó la necesidad de desarrollar una doctrina que contemple la diversidad sexual junto con la diversidad política, en paralelo a la elaboración de reglamentos vinculados a distintas leyes, entre ellas la Ley de Protección a la Familia, Paternidad y Maternidad.

Como respuesta, diversas organizaciones civiles, con amplia representación del ámbito evangélico, presentaron la denominada “Iniciativa por la Vida y la Familia Venezolana”. El documento insta al Estado a respetar la Constitución de 1999 y rechaza lo que sus promotores consideran una agenda ideológica en temas relacionados con la vida, la identidad y la familia.

El manifiesto sostiene que la Constitución venezolana protege el derecho a la vida desde su concepción y argumenta que cualquier intento de legalizar prácticas como el aborto o la eutanasia sería contrario a los principios constitucionales. Asimismo, plantea que la identidad reconocida por el ordenamiento jurídico es la biológica, descartando la noción de identidad de género basada en la autopercepción.

En materia familiar, la iniciativa defiende el matrimonio entre hombre y mujer como única figura contemplada en la legislación vigente, y rechaza el reconocimiento de modelos familiares distintos, como el homoparental. Además, cuestiona la inclusión de contenidos de Educación Integral de la Sexualidad en el sistema educativo, al considerar que vulnera el derecho de los padres a decidir la formación de sus hijos.

El documento concluye con una serie de exigencias dirigidas al Estado, entre ellas la defensa del derecho a la vida, el reconocimiento exclusivo de la identidad biológica y la protección del modelo de familia tradicional establecido en la Constitución.