La Cámara de Representantes de Alabama aprobó un proyecto que convertiría en delito la interrupción deliberada de servicios religiosos. La iniciativa surge tras protestas en una iglesia de Minnesota y abre un debate sobre el equilibrio entre libertad de culto y derecho a la protesta.

La Cámara de Representantes del estado de Alabama aprobó un proyecto de ley que propone tipificar como delito la interrupción intencional de servicios religiosos, una medida que ahora deberá ser tratada por el Senado estatal, de mayoría republicana.

La iniciativa, identificada como Proyecto de Ley 363, fue aprobada por 75 votos a favor y 27 en contra. El texto establece que incurre en delito quien ingrese conscientemente a un lugar de culto con la intención de perturbar la ceremonia, participar en disturbios o protestas ilegales dentro del edificio, acosar a los asistentes o bloquear el acceso y la salida del templo.

La norma prevé sanciones más severas en caso de reincidencia. Una segunda infracción podría ser considerada delito grave de Clase C, con una pena mínima obligatoria de cinco años de prisión.

El impulso legislativo se produce después de que manifestantes irrumpieran recientemente en un servicio dominical en una iglesia bautista de Minnesota para exigir la renuncia de un pastor que también trabaja como agente federal de inmigración. El episodio generó debate a nivel nacional y derivó en cargos federales contra algunos participantes.

El representante republicano Greg Barnes, promotor del proyecto, afirmó que la propuesta busca proteger el derecho de todas las religiones a practicar su culto sin interrupciones. Según sostuvo, nadie debería poder vulnerar la libertad religiosa de otros ciudadanos mediante disturbios dentro de los templos.

Sin embargo, la iniciativa ha recibido críticas desde sectores demócratas. El legislador Sam Jones consideró que elevar estas conductas al nivel de delito grave resulta desproporcionado y podría afectar derechos civiles.

Desde organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión señalaron que la Primera Enmienda no ampara la interrupción de servicios religiosos dentro de propiedades privadas, aunque subrayan la importancia de que cualquier legislación preserve el equilibrio entre orden público y derechos constitucionales.

En paralelo, propuestas similares comienzan a aparecer en otros estados del país, reflejando un debate creciente en torno a los límites de la protesta y la protección de los espacios de culto.