El Tribunal Supremo finlandés sentenció a la exministra Päivi Räsänen por incitación al odio debido a un libro publicado en 2004, en un fallo dividido que genera polémica sobre los límites entre libertad religiosa y discurso discriminatorio.

El Tribunal Supremo de Finlandia puso fin a un prolongado proceso judicial contra la exministra y médica Päivi Räsänen al condenarla por incitación al odio hacia personas del colectivo LGTB, en una decisión adoptada por una ajustada mayoría de tres votos contra dos.

El fallo revierte las absoluciones previas dictadas tanto por un tribunal de Helsinki como por una instancia de apelación, y se basa en la interpretación del Código Penal finlandés sobre “agitación contra un grupo”, que sanciona la difamación o insulto a colectivos vulnerables.

La condena se centra en un libro publicado en 2004, en el que Räsänen abordaba la sexualidad desde una perspectiva religiosa y describía la homosexualidad como un trastorno del desarrollo psicosexual. Según el Supremo, estos contenidos constituyen expresiones ofensivas. La sentencia incluye una multa equivalente a 20 días de salario y podría implicar la retirada de la obra tanto en formato físico como digital.

En la misma causa fue condenado también el obispo Juhana Pohjola, responsable de la entidad editora, mientras que la organización deberá abonar una multa económica adicional.

El tribunal sostuvo que la libertad religiosa no justifica la difusión de opiniones que vulneren derechos de terceros, y consideró que la condición de médica de Räsänen incrementa el posible impacto negativo de sus declaraciones. Asimismo, concluyó que la sanción es compatible con las garantías de libertad de expresión y religión contempladas en la legislación nacional y europea.

Tras conocerse el fallo, Räsänen expresó su profunda decepción y advirtió sobre las implicancias que la decisión podría tener para la libertad de expresión. Señaló que evaluará junto a su equipo legal la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales.

La exministra insistió en que nunca tuvo intención de ofender y defendió su derecho a expresar sus convicciones religiosas en el ámbito público, subrayando que el caso trasciende su situación personal.

En paralelo, el Supremo desestimó por unanimidad otro cargo vinculado a publicaciones en redes sociales realizadas en 2019, al considerar que en ese caso se trató de un ejercicio legítimo de libertad de expresión basado en textos religiosos.

El caso ha tenido repercusión internacional y vuelve a poner en el centro del debate el delicado equilibrio entre la protección frente al discurso de odio y el respeto a la libertad de conciencia y expresión en las sociedades democráticas.