El programa de asistencia médica para morir (MAiD) acumula cifras récord y genera cuestionamientos sobre su alcance, especialmente entre personas en situación de vulnerabilidad. Organismos de la ONU pidieron revisar la normativa vigente.

Canadá se encamina a alcanzar esta primavera la cifra de cien mil personas fallecidas mediante el programa Medical Assistance in Dying (MAiD), el sistema legal que permite la eutanasia en el país. El dato reavivó el debate sobre el alcance real de una política que originalmente fue presentada como una opción excepcional para enfermos terminales.

Con el paso de los años, críticos del programa sostienen que la práctica se ha extendido a personas que no se encuentran en fase terminal, incluyendo ciudadanos con discapacidad, problemas de salud mental, aislamiento social o dificultades económicas. Desde esta perspectiva, advierten sobre un posible desvío del objetivo inicial de la normativa.

En el plano internacional, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad expresó su preocupación por la evolución del sistema canadiense. El organismo instó al país a derogar el denominado “Track 2”, la vía legal que permite acceder a la muerte asistida a personas cuya muerte natural no es razonablemente previsible, calificando esta posibilidad como “extremadamente preocupante”.

Además, el comité recomendó a Canadá no avanzar con propuestas que amplíen el acceso al programa, como la inclusión de los llamados “menores maduros” o la habilitación de solicitudes anticipadas. También pidió abordar lo que definió como fallas estructurales, entre ellas la pobreza, la inseguridad habitacional, la falta de atención sanitaria accesible y la insuficiencia de apoyos comunitarios.

El eje de las observaciones apunta a una tensión de fondo: mientras el sistema facilita el acceso a la eutanasia, organismos internacionales reclaman reforzar primero las condiciones que permitan a las personas vivir con dignidad. En ese marco, Naciones Unidas solicitó a las autoridades canadienses revisar la expansión del programa y priorizar políticas de inclusión social, acceso a la salud mental, vivienda adecuada e igualdad efectiva ante la ley.

El debate continúa abierto en Canadá, donde el crecimiento sostenido de las cifras de MAiD mantiene dividida a la opinión pública y a la comunidad internacional sobre los límites, controles y objetivos del sistema.