Argentina debate la baja de imputabilidad y expone diferencias entre católicos y evangélicos

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Argentina debate la baja de imputabilidad y expone diferencias entre católicos y evangélicos
Argentina debate la baja de imputabilidad y expone diferencias entre católicos y evangélicos

El avance del proyecto oficial para reformar el régimen penal juvenil abrió una grieta entre la Iglesia católica y el mundo evangélico, que coincide parcialmente con la iniciativa pero exige condiciones sociales e institucionales para su aplicación.

El tratamiento legislativo del proyecto para modificar el régimen penal juvenil en Argentina generó un inusual contrapunto entre las principales expresiones del cristianismo en el país. La iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei, que propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años, ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y deberá ser debatida en el Senado de la Nación Argentina.

Mientras la Iglesia católica expresó fuertes objeciones al proyecto, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina manifestó su respaldo a la reforma, aunque con reservas. La entidad, que agrupa a la mayoría de las iglesias evangélicas del país, sostuvo que la medida podría ser válida como herramienta excepcional, siempre que se complemente con políticas públicas que ataquen las causas sociales del delito juvenil.

En su declaración, ACIERA reclamó que los menores no sean alojados en cárceles comunes, que se adecuen los espacios institucionales para su tratamiento y que el Estado garantice recursos presupuestarios y equipos interdisciplinarios. También subrayó que el éxito de cualquier reforma dependerá de la articulación entre Justicia, sistema educativo y familia, junto con mecanismos de evaluación periódica.

Desde la Conferencia Episcopal Argentina, en cambio, advirtieron que reducir la edad de imputabilidad podría ser una respuesta simplificadora a un problema complejo. Los obispos reclamaron un debate amplio y técnico, sin apuros legislativos ni condicionamientos políticos, y remarcaron la necesidad de políticas integrales que prioricen la prevención, la inclusión social y el acompañamiento de los jóvenes.

El posicionamiento evangélico marca un nuevo matiz en el mapa religioso local, donde históricamente ambas confesiones coincidieron en temas sociales. La discusión sobre la reforma penal juvenil no solo pone en juego el rumbo de la política criminal, sino también la creciente influencia pública de los actores religiosos en el debate sobre seguridad, infancia y cohesión social.

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