Comunidades cristianas de Chanal e Ixmiquilpan acusan ataques físicos, cobros obligatorios y restricciones a su libertad religiosa. Señalan falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades estatales.

Dos comunidades evangélicas en México denunciaron esta semana agresiones físicas, presuntas violaciones a la libertad religiosa y falta de atención de las autoridades en los estados de Chiapas e Hidalgo.

En el municipio de Chanal, en el estado de Chiapas, un centenar de evangélicos se manifestó en el estacionamiento del Palacio de Justicia de San Cristóbal de Las Casas para exigir justicia por la agresión sufrida por Adán Núñez Gómez y su padre el pasado 31 de enero. Según denunciaron, ambos fueron atacados con piedras y palos, presuntamente por un grupo de transportistas, lo que les ocasionó lesiones de gravedad, entre ellas un daño ocular que pone en riesgo la visión de una de las víctimas.

Los manifestantes informaron que ya se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas y solicitaron la intervención del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para garantizar seguridad en la región y el esclarecimiento de los hechos. Advirtieron que continuarán con movilizaciones pacíficas hasta que haya avances en la investigación y se sancione a los responsables.

En un caso distinto, pero también relacionado con presuntas afectaciones a la libertad religiosa, integrantes de la iglesia Príncipe de Paz, ubicada en la comunidad de Cantinela, en Ixmiquilpan, Hidalgo, denunciaron imposiciones por parte de autoridades locales.

De acuerdo con el pastor Gabriel Chavarría Salvador, miembros de la congregación han sido obligados a pagar cuotas anuales y a asumir cargos de mayordomía vinculados a festividades católicas, particularmente en honor al “Señor de Jalpan”, pese a no profesar esa fe. La comunidad evangélica, compuesta por alrededor de 200 personas, afirma que la negativa a participar en estas actividades ha derivado en represalias.

Entre las medidas denunciadas se encuentran el corte del suministro de agua potable, la prohibición de utilizar el panteón local para sepultar a sus familiares y el despojo de terrenos. Además, señalaron la imposición de multas que pueden alcanzar los 135 mil pesos en caso de rechazar la mayordomía, así como sanciones económicas menores por no asistir a actos religiosos o actividades relacionadas con festividades patronales.

Los afectados indicaron que han acudido en diversas ocasiones al Palacio de Gobierno en Pachuca para buscar una solución, pero aseguran que solo reciben citas que no se concretan. Ante la falta de respuesta, advirtieron que podrían intensificar sus manifestaciones públicas para visibilizar la situación.

Ambos casos reavivan el debate sobre la protección de la libertad religiosa y los derechos ciudadanos en comunidades donde persisten tensiones entre usos y costumbres locales y la diversidad de creencias.