Un juez federal ordenó al distrito escolar del condado de Montgomery pagar 1,5 millones de dólares a padres que denunciaron la eliminación del derecho a excluir a sus hijos de materiales con temática LGBT. El acuerdo exige notificación previa y respeta objeciones religiosas.

Un juez federal ordenó al mayor distrito escolar de Maryland pagar 1,5 millones de dólares a un grupo de padres que demandó al sistema educativo por eliminar la notificación y la posibilidad de excluir a sus hijos de actividades relacionadas con libros de temática LGBT.

La decisión fue emitida por la jueza Deborah L. Boardman, quien además estableció una orden judicial permanente contra las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery. El fallo se produce meses después de que la Corte Suprema de Estados Unidos determinara que el distrito no puede obligar a los estudiantes a participar en contenidos de esta naturaleza sin el consentimiento de sus padres.

El conflicto comenzó cuando las autoridades educativas retiraron el aviso previo y las opciones de exclusión respecto a ciertos libros infantiles incluidos en el currículo. Según los demandantes, algunos de estos materiales abordaban temas como la transición de género y celebraciones del orgullo, dirigidos a alumnos desde los cuatro años de edad. Varias de las familias involucradas argumentaron que la medida vulneraba sus convicciones religiosas y su derecho a decidir sobre la formación moral de sus hijos.

El acuerdo alcanzado establece que la Junta de Educación del Condado de Montgomery deberá informar con antelación a los padres cuando los materiales de instrucción incluyan contenido LGBT. Asimismo, garantiza el derecho de las familias a excluir a sus hijos si consideran que el contenido entra en conflicto con sus creencias religiosas.

Entre los mecanismos de notificación previstos se encuentra el envío de comunicaciones por correo electrónico antes de cada período de calificaciones, detallando los textos principales y materiales complementarios —incluidos videos— aprobados para cada grado.

Eric Baxter, asesor principal de la organización legal Becket y abogado de los padres demandantes, afirmó que la resolución refuerza la sentencia del máximo tribunal y subraya la obligación de las escuelas públicas de respetar los derechos parentales y la libertad religiosa.

El caso se ha convertido en un nuevo punto de referencia en el debate nacional sobre el papel de los padres en la educación pública y el tratamiento de contenidos relacionados con identidad de género y orientación sexual en las aulas.